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Acuerdos de Provisión de Infraestructura y Trueque

 

 

 

En Colombia no existe un acuerdo explícito sobre la provisión de bienes y servicios (incluidos préstamos, subvenciones y obras de infraestructura) como contrapartida total o parcial del otorgamiento de contratos o permisos de exploración o producción, previstos en el requisito 4.3 del Estándar Internacional EITI 2016. No obstante, la legislación colombiana si prevé mecanismo en los que el gobierno puede acelerar sus necesidades de desarrollo a través de los aportes del sector privado, como lo son: las Asociaciones Público Privadas y el mecanismo de obras por impuestos.

 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Las Asociaciones Público-Privadas (APP), “como una opción eficiente para desarrollar infraestructura y ofrecer beneficios a las entidades públicas. Sin embargo, el esquema funciona solo para ciertos tipos de proyectos. Las APP deben generar ‘valor por dinero’, por lo tanto, dependiendo de las características del proyecto, en ocasiones los métodos de obra pública tradicional pueden ser una opción más apropiada 52”.

 

OBRAS POR IMPUESTOS

En la reforma tributaria (ley 1819 de 2016) incluyó un mecanismo de pago de impuestos a través de obras que realicen las empresas en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC). La empresa podrá pagar hasta el 50% de su impuesto de renta mediante la destinación de dicho valor a la inversión directa en obras y proyectos de desarrollo viabilizados y prioritarios de trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las ZOMAC, y que se encuentren debidamente aprobados por la Agencia para la Renovación del Territorio ART, previo visto bueno del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Las empresas que ejecuten este mecanismo podrán invertir sus impuestos en obras en como: suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial, entre otros.

Este mecanismo de pago de tributos no tiene límite de tiempo, siempre y cuando el contribuyente tenga ingresos brutos superiores a los 33.610 UVT (aprox. 1.000 millones de pesos) y sea escogido para la realización de la obra. Es de resaltar, que este no es un incentivo tributario para las empresas sino una alternativa para el pago de impuestos que aplica para todos los sectores económicos del país.

Inicialmente las empresas dedicadas a la minería y a la explotación de hidrocarburos estaban excluidas de este mecanismo, pero a través de la Ley 883 de 2017 se modificó la Ley 1819 de 2016 y se incluyeron.