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Gastos Cuasifiscales

 

 

Frente al cumplimiento de este requisito por parte de las empresas de titularidad estatal, en este caso Ecopetrol, se tiene que de conformidad la Ley 1118 de 2006, Ecopetrol actúa como agente económico en competencia dentro del mercado energético. Desarrolla, en estricto sentido, actividades esencialmente económicas y no funge como Estado en la medida en que desarrolla un objeto empresarial previsto en los estatutos que la definen como sociedad comercial con capital mixto. En dicho contexto, se autoriza adicionalmente a la empresa, de conformidad con las previsiones del artículo 34 del Decreto-ley 1760 de 2003, “(…) adelantar programas sociales para la comunidad, especialmente con la que se encuentre radicada en los sitios donde tiene influencia (…)” (artículo 4 de la Ley 1118 de 2006).

Ahora, bien, como agente económico habilitado para refinar, distribuir, importar y comercializar combustibles líquidos derivados del petróleo, la compañía ha tenido a su cargo la remisión de la información asociada al cálculo de los diferenciales con destino al Ministerio de Minas y Energía, autoridad que tiene a su cargo calcular la diferencia entre el precio internacional y el precio local del combustible, para establecer los valores que estén a cargo o a favor del agente económico, de conformidad con la normatividad jurídica aplicable al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles –FPEC. La naturaleza jurídica del diferencial por participación ha sido destacada por la Corte Constitucional quien le ha adjudicado naturaleza tributaria (C-726 de 2015).

Adicionalmente, estas diferencias son las que hacen que Ecopetrol no deba asumir ningún tipo de subsidio o subvención. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles –FEPC, está adscrito y es administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de atenuar en el mercado interno el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales. Fue creado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007, Artículo 69 (Ley 1150/2007) y fue reglamentado posteriormente por varios Decretos, entre ellos el 2713 de 2012, 1067 de 2014 y 1880 de 2014. De igual manera, estos Decretos han sido reglamentados por la Resolución 180522 de 2010 y sus posteriores modificaciones. El último Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1753 de 2015, le dio continuidad al mismo.

En conclusión, teniendo en cuenta que Ecopetrol actúa como cualquier agente refinador/importador en el país, este no asume subvenciones ni subsidios a los combustibles.

En cuanto a los temas relacionados con el servicio de la deuda, la deuda de Ecopetrol es considerada deuda pública al ser la Nación el mayor accionista de la compañía, sin embrago, Ecopetrol sólo es responsable por cumplir con las obligaciones de su endeudamiento propio y no asume dentro de sus gastos (pérdidas y ganancias -P y G) ningún valor por el concepto de servicio de deuda que este en cabeza de la Nación. Por lo tanto, Ecopetrol no es garante de la deuda de la nación, así como la nación no es garante de la deuda de Ecopetrol.