Defensoría del Pueblo recomendó impulsar política integral contra la explotación ilícita de recursos mineros

Defensoría del Pueblo recomendó impulsar política integral contra la explotación ilícita de recursos mineros

  • La entidad evidenció cómo la explotación ilícita de recursos mineros se suma a las problemáticas relacionadas con el tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos perpetradas por grupos armados ilegales en diferentes zonas del país.

Bogotá, noviembre de 2018. Tras un minucioso estudio de la actividad minero energética en campo, la Defensoría del Pueblo recomendó a las entidades estatales, como: la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera, y a la Fuerza Pública impulsar una política integral de formalización y lucha contra la explotación ilícita de minería, que garantice los derechos humanos de las comunidades con actividad extractiva.

El análisis que da cuenta de la problemática de ilegalidad que hay en los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander y Antioquia, fue titulado “Informe Especial: Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo”, realizado por la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos.

La publicación también contó con el apoyo investigativo de Leonardo Guiza, Director del Observatorio de Minería (OCMI), representante de la sociedad civil en el Comité Tripartita Nacional de EITIColombia. 

Previo a este estudio formal, el ente de control presentó un diagnóstico en abril de este año, en el que evidenció la disputa que existe entre los grupos armados ilegales de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el control del narcotráfico y la extracción ilegal en los mismos departamentos.

En relación con el narcotráfico y el conflicto armado, el documento recomienda a las autoridades adelantar acciones de prevención, protección y garantías de no repetición dirigidas a las poblaciones vulnerables como indígenas, afrocolombianos y campesinos.
 
El estudio también resalta la necesidad de fortalecer la justicia y la convivencia con presencia de la Fuerza Pública, y adelantar acciones que brinden salidas económicas y laborales a sectores sociales vulnerables. “La violencia en contra de la población civil en estas zonas tiene una relación directa con economías ilegales. Los actores armados usan métodos como los asesinatos y el desplazamiento forzado para mantener el control del territorio”, explicó el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.
 
Sobre la explotación al margen de la ley y el conflicto armado, se aconseja a las alcaldías y gobernaciones adoptar algunas herramientas efectivas, como la Guía de Debida Diligencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y ejecutar intervenciones en las zonas para el control para actuar con un enfoque preventivo. 

El informe contó con el apoyo técnico y financiero del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).