El mecanismo de “obras por impuestos” fue introducido en la reforma tributaria de 2016 y reglamentado mediante el Decreto 2469 de 2018. Aunque estas normas fueron modificadas por la Ley de Financiamiento en 2019, dicha ley fue declarada inconstitucional por la Corte por vicios de procedimiento, de manera que el mecanismo vigente es el previsto originalmente en las normas del 2016 y del 2018. La Ley de Financiamiento ha sido puesta de nuevo a consideración del Congreso con el mismo texto.

Este mecanismo les da la posibilidad a las empresas de vincularse con el desarrollo económico y social de las regiones afectadas por el conflicto mediante el pago de hasta el 50 % de su impuesto sobre la renta, por medio de la ejecución directa de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC), que incluyen 344 municipios. Esas inversiones deben contribuir al cierre de brechas, y a la reactivación económica y social de esos municipios. Incluyen proyectos que tengan por objeto la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de la infraestructura, y la dotación requerida para el suministro de los servicios de energía, agua potable y alcantarillado, educación, salud, e infraestructura de vías.